Las vísperas de la noche

Un estudio de las condiciones que dieron origen a la represión militar en la época más negra de nuestra historia

FACUNDO MILMAN

Esteban Pontoriero es doctor en Historia por la UNSAM, investigador asistente del CONICET con sede en la Escuela IDAES y se especializa en la investigación en estudios sobre el terrorismo de Estado, la represión y la violencia política. Pontoriero acaba de publicar su primer libro La represión en la Argentina (1955-1976) editado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Misiones (UM) y la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). En esta charla con Facundo Milman, hablaron sobre las motivaciones para abordar el libro y sus referencias teóricas.

— Quería agradecerte por la entrevista y empezar preguntándote por cómo surgió el libro y la idea de escribir sobre el período que es la antesala a la dictadura militar.
— El libro surgió de mi tesis de Doctorado, titulada “La seguridad interna como ‘teatro de guerra’: estado de excepción y contrainsurgencia en la Argentina (1955-1976)”, que defendí a fines de 2017 en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Dirigida por la Doctora Marina Franco, mi investigación contó con el apoyo inestimable del sistema público y nacional gracias a  una beca doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), entre 2013 y 2018. Al poco tiempo de finalizar mis estudios de posgrado, un día recibí la invitación para publicar mi trabajo en el marco de la colección “Entre los libros de la buena memoria” -que acepté- de parte de la Doctora Gabriela Águila.  Ella había sido miembro del jurado de mi defensa de tesis, y es una de las directoras de la colección, que reúne obras surgidas de diferentes tesis de Maestría y Doctorado elaboradas en universidades de la Argentina. Se trata de un espacio editorial sostenido por el trabajo de tres universidades nacionales, a saber, la Universidad Nacional de General Sarmiento, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Misiones. La colección está online y con descarga gratuita, además de brindar la posibilidad de adquirir el libro en formato físico desde el mismo sitio web, si alguien lo desea.
Entre 2019 y 2022 se desarrolló el grueso de mi trabajo para adaptar la tesis, con su formato y registro estrictamente académico, y transformarla en un texto que pudiera ser leído por la mayor cantidad de gente posible; al menos esa fue mi pretensión: combinar la base rigurosa que brindó la tesis con un registro de escritura más suelto y orientado a diversos lectores posibles, no necesariamente especialistas en historia argentina de las décadas del sesenta y setenta. El manuscrito del libro fue enriquecido por los comentarios y sugerencias de dos evaluadores (Gabriela Águila y Daniel Mazzei), lo que me permitió mejorar la versión final, además de agregar muchos de los comentarios y sugerencias de mis jurados de defensa de tesis: Gabriela Águila, Paula Canelo y Germán Soprano. El resultado de todo ese proceso fue La represión militar en la Argentina: 1955-1976, publicado en agosto de 2022.
Con respecto al segundo interrogante de tu pregunta, mi interés por el período 1955-1976, es decir los años anteriores al golpe de Estado de marzo de 1976 y el inicio de la última dictadura militar (1976-1983), provino desde diversos lugares. Desde 2008 empecé a investigar sobre esos años, en el marco de diversos proyectos de investigación en la universidad donde hice mi carrera de grado en Historia, la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Allí, junto al Doctor Mario Ranalletti, empecé a adentrarme en el estudio de las políticas de defensa de los diversos gobiernos de 1955-1976, constitucionales y de facto, con el objetivo de ver “la trama legal” de la represión en lo referido a las acciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas, y en particular el Ejército. Una vez que empecé el doctorado, en 2013, las preguntas que orientaron mi investigación tomaron forma más claramente: ¿cómo fue el proceso mediante el cual la seguridad interna se incorporó al campo de la defensa? ¿Cómo se estableció el cruce entre represión y guerra? ¿Cuáles fueron los puntos de contacto entre dirigentes políticos y autoridades castrenses, entre gobiernos constitucionales y gobiernos dictatoriales? Así fue como delimité dos espacios de observación relacionados con el problema principal: las políticas de defensa, plasmadas en la legislación (leyes, decretos y proyectos) y el enfoque contrainsurgente, o antisubversivo -es decir, para la guerra interna- del Ejército (haciendo uso especialmente de reglamentos, directivas y otros documentos internos).
Como señalan Marina Franco y Gabriela Águila, la atención de los investigadores en muchos casos estuvo condicionada por la represión brutal y la masacre implementadas en la última dictadura militar. Esto llevó a que durante las primeras décadas desde el retorno de la democracia en 1983 se abocaran a este tema y descuidaran el estudio de los años previos al golpe de marzo de 1976. En lugar de insertar el carácter de la represión y la masacre en una trama histórica de más larga data, se tendió a aislarlo y volverlo un umbral de separación de los años dictatoriales respecto del período anterior. Esto no es algo para nada extraño ni excepcional del caso argentino. Como lo muestran José Emilio Burucúa y Nicolás Kwiatkowski, los procesos de violencia masiva conllevan enormes dificultades para representar, explicar y comprender lo ocurrido. La ruptura de las cadenas causales que podrían dar cuenta de las raíces de las masacres y los genocidios es un fenómeno experimentado por los contemporáneos y quienes producen relatos académicos, memoriales y representaciones artísticas. Con el objetivo de contraponerme a ese estado de cosas, junto con varios y varias colegas, nos propusimos avanzar en una agenda de investigación que prestara atención a otras coyunturas históricas de excepcionalidad jurídica y represión contrainsurgente, algo que recientemente han planteado Ernesto Bohoslavsky y Marina Franco.

— Es interesante esto que marcas acá: la ruptura de los investigadores y lo que señalan Burucúa y Kwiatkowski.
— Sí, porque la cronología es la principal hipótesis de una investigación. Mi interés inicial por los años setenta, el terrorismo de Estado y la masacre perpetrada durante la última dictadura militar -iniciada en los meses finales del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón (1974-1976)- me devolvió la necesidad de repensar las temporalidades y fechas de la intervención militar en el área de la seguridad con fines de persecución política, y por eso decidí irme hasta 1955. Mi trabajo se insertó en un contexto historiográfico dentro del cual varias y varios investigadoras e investigadores se encontraban explorando temas afines a los míos, y además compartíamos algunas premisas centrales: el salto cualitativo y cuantitativo del terrorismo de Estado y el exterminio post 1976 debía enlazarse con una historia más larga de la violencia de Estado, especialmente de la ejecutada por las Fuerzas Armadas. Además, las divisiones tajantes establecidas por ciertas lecturas historiográficas, así como memoriales, desde los años ochenta entre políticos y militares, democracia y dictadura, y legalidad e ilegalidad se mostraron problemáticas: lo que encontrábamos al nivel del estudio de la represión y la violencia masiva era más bien articulación y entrecruzamiento de esos factores, más que oposición. Por darte sólo un ejemplo: actualmente está más que probado y demostrado, tanto en el ámbito judicial como en el historiográfico y el de los organismos de derechos humanos, que el terrorismo de Estado empezó antes del golpe de Estado de 1976, extendiéndose luego de diversas formas y desde distintas variables durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Por lo tanto, el interés por dedicarme al período 1955-1976 vino de una serie de preguntas que eran mías y se vinculaban con mi objeto, pero que dialogaban, se articulaban y se vieron crecientemente influidas por un grupo de colegas que investigaban temas afines (dentro del campo de la historia reciente, y del subcampo de los estudios sobre represión), algo que continuamos haciendo al día de hoy.

— Siguiendo con la línea de lo que venís diciendo, leo que los análisis que hacés en el libro son los que nos permiten realizar nuevas preguntas. En el texto, por ejemplo, aparecen elementos que permiten emerger los precedentes y los procederes. ¿Cómo ves esto? Porque mientras leía los diferentes capítulos, se me aparecía la metodología que permite hacer acontecer y preparar lo que va a ser la dictadura como tal. Es como que señalas el establecimiento de ciertos componentes que luego se transforman en eso.
— Mi enfoque del problema respecto de esta cuestión es el siguiente: por un lado, hay que estudiar cada momento (cada gobierno, si queremos ser más concretos) en su especificidad, es decir, devolver lo propiamente histórico de cada subperíodo, dentro del bloque más amplio de 1955-1976. Por el otro, es necesario pensar en la articulación de procesos diacrónicos con otros sincrónicos, es decir, de mediano y largo plazo con otros de corto plazo. Esa fue mi manera de construir el problema “represión militar”, para evitar decir que “todo fue siempre lo mismo”, pero sí remarcando la forma en que se cruzan elementos como la legislación de defensa o la doctrina contrainsurgente, elaborados durante varios años, con otros que irrumpen en determinadas coyunturas (una crisis política o una decisión de tal o cual gobierno, por ejemplo).
Mi libro cuenta la historia de la militarización de la seguridad interna por vía de la legislación de defensa y de la doctrina antisubversiva del Ejército, dos factores que tuvieron una vinculación muy importante, en línea con lo que comentaba antes respecto de los cruces entre democracia y dictadura, legalidad-ilegalidad o represión y guerra. De hecho, este último es fundamental: los militares y los dirigentes políticos de diversos partidos mayoritariamente asimilaban la represión con una acción de guerra. Se caracterizaba la coyuntura interna, en el marco de la Guerra Fría, como un campo de batalla más, dentro del contexto global, en donde un “enemigo interno” asociado con el comunismo (y el peronismo, al menos en su vertiente de izquierda) libraba un enfrentamiento armado no convencional -“guerra revolucionaria”, “guerra subversiva”, “guerra de guerrillas”, son todos conceptos asociados con eso- en contra de las fuerzas estatales con el objetivo de tomar el poder e instaurar una dictadura alineada con Cuba y la Unión Soviética.
Empecé mi libro ubicándome en el año 1955 ya que fue durante los gobiernos de facto de la autodenominada “Revolución Libertadora” (1955-1958)” que el Ejército incorporó un saber para la guerra interna sistemático, en la teoría y la práctica, proveniente de Francia. Continué mi investigación siguiendo el hilo de la represión militar de allí en adelante, a través de diferentes gobiernos, lo que me permitió ver la magnitud y diversidad de un problema que excede por mucho a las Fuerzas Armadas, especialmente al Ejército. La investigación finaliza en 1976 debido a que durante el mandato de Martínez de Perón, que concluyó ese año, la política de defensa y la doctrina antisubversiva alcanzaron un punto de condensación decisivo: el Poder Ejecutivo le ordenó al Ejército tomar acciones para “aniquilar a la subversión” mediante una serie de decretos aprobados en febrero y octubre de 1975. En aquel año, además, el arma terrestre estableció las líneas generales para la “guerra interna” y en octubre las autoridades militares emitieron una directiva que ponía en ejecución la orden dada por el gobierno.
Justamente, al adentrarme en las décadas previas a la última dictadura, pude demostrar la construcción de un entramado legal de excepción que habilitaba el uso de fuerzas militares en acciones represivas, bajo lineamientos doctrinarios surgidos de la influencia francesa y estadounidense (lo que se denomina en la historiografía “doctrina de la seguridad nacional”). Así, el terrorismo de Estado deja de ser una excepción o un acontecimiento cerrado en sí mismo, convirtiéndose en un fenómeno histórico conectado con el pasado y su contexto, excediendo inclusive a las Fuerzas Armadas, e incorporando actores civiles, como fue en mi caso el estudio de la dirigencia política.
De hecho, y para cerrar esta respuesta, quisiera contarte una anécdota: el libro iba a llevar otro nombre, Reprimir y aniquilar. Los orígenes del terrorismo de Estado en la Argentina (1955-1976). A último momento, muy a último momento, decidí cambiarlo por el título actual. El motivo principal del cambio, entre varios otros, estuvo dado por el hecho de que me di cuenta que el terrorismo de Estado es parte de mi investigación, pero no es todo; y mi investigación no es sobre “los orígenes del terrorismo de Estado”, solamente, sino sobre la represión militar como fenómeno histórico de la historia reciente argentina de los años sesenta y setenta. Es por eso que, para evitar una posible lectura en clave teleológica, o que se asociara mi propia postura en ese sentido, y porque creo que el libro toca un tema más amplio que “los orígenes del terrorismo de Estado”, aunque esto último esté incluido. La “represión militar” como eje del título representa mucho mejor el contenido de mi trabajo.

— Ahora te quería consultar por las fuentes teóricas: pienso, por caso, en el estado de excepción de Carl Schmitt y las posteriores advertencias de Walter Benjamin (“el ‘estado de excepción’ en el que vivimos es la regla”) y Giorgio Agamben. ¿Cómo llegaste a esa recuperación de los conceptos schmittianos?
— En mi trabajo, la teoría aparece para enfocar mejor el objeto de estudio, que es uno histórico. Es decir, la teoría me ha permitido plantear mejores preguntas, antes que dar respuestas automáticas a partir de las ideas de mis principales referentes teóricos. Yendo al centro de tu consulta, recordemos lo básico: el concepto de estado de excepción remite a la situación en la que el soberano decide la suspensión del orden jurídico para dispensarse de las limitantes legales y, de esa forma, tener a su alcance los medios de coerción y violencia que estima imprescindibles para preservar la seguridad interior, ya sea frente a una amenaza interna o externa. Según Carl Schmitt y Giorgio Agamben, los dos referentes teóricos en los que me basé, el argumento principal para sostener su implementación suele asentarse en la necesidad de preservar el estado de derecho frente a una situación que lo pone en riesgo. La paradoja del estado de excepción radica en que se proclama para garantizar la supervivencia de aquello que viene a suprimir.
A partir de mis lecturas teóricas advertí que este régimen especial posee un carácter eminentemente político, ya que surge de la decisión de la máxima autoridad del Estado. Esta tiene el poder de definir cuándo una situación debe calificarse como peligrosa en extremo para la seguridad, con lo que abre el paso a la declaración de un estado de necesidad y establece, además, quién es el enemigo, interno o externo. El estado de excepción y la guerra, ya sea interior (civil) o exterior, manifiestan una estrecha relación. La lógica de la excepción es también una lógica bélica, basada en la decisión de suprimir a través del uso de las Fuerzas Armadas toda expresión de desorden interno.
Los planteos de Schmitt y Agamben me permitieron dirigir mejor la indagación: así, apunté a estudiar las medidas de excepción no sólo como meras acciones jurídicas, sino como decisiones políticas orientadas a la represión interna de los adversarios o de todo aquel grupo catalogado como enemigo del Estado. De esta forma, también surgió la pregunta sobre cómo se caracterizó la amenaza interna en las políticas de defensa a través de los diferentes gobiernos del período 1955-1976.
Asimismo, la vinculación entre el estado de excepción y la guerra habilitó el camino para estudiar cómo, en la legislación de defensa, la represión se asimiló a una acción de combate e hizo necesaria la exploración de las medidas dispuestas en los diferentes proyectos, leyes y decretos. El interés por dar cuenta de los argumentos utilizados por las autoridades políticas y militares cuando ejercieron el gobierno para justificar la sanción de leyes de emergencia también partió desde esas lecturas de textos de Schmitt y Agamben: la declaración del estado de necesidad brinda los motivos para su imposición. En resumen, al definir el objeto “represión militar” a partir de la legislación de defensa, o sea, del armado legal de la intervención del Ejército en el orden interno en clave antisubversiva, y al notar que esa intervención por vía legal estaba atravesada por nociones provenientes del abordaje contrainsurgente, es decir, para la guerra interna, el concepto de estado de excepción resultó más que atractivo para orientar una parte grande de mi trabajo.

— Otra cosa que presté atención fue que reparas, por un lado, en el concepto de estado de excepción y, por otro lado, en el enemigo. En ese sentido, subrayás que la argumentación para asentar el estado de excepción es la preservación del estado de derecho y, al mismo tiempo, habría que identificar al enemigo (como, por ende, al amigo). Por eso quería preguntarte esto, ¿y el katechon? Ese es el dispositivo conceptual-jurídico que advierte Schmitt para que no llegue el caos y desde el cual podemos atenernos en las instituciones. Además, así como hay un amigo y un enemigo, también está el katechon y el eschaton -la escatología, el fin de los tiempos.
— Aprovecho tu pregunta para comentar algo que resultó crucial: uno de los mayores riesgos de una investigación como la que encaré está en asimilar mecánicamente las definiciones teóricas de Schmitt y Agamben con las características históricas del estado de excepción en la Argentina, en distintas coyunturas entre 1955 y 1976. Sus elaboraciones conceptuales se encuentran estrechamente unidas a los contextos de escritura de sus obras, así como a las normativas que usaron como referencias para construir sus teorías.
Por mi parte, tuve por objetivo explorar en qué medida el estado de excepción en el ámbito local constituyó un tipo particular, tal vez muy distinto de los analizados por Schmitt y Agamben. Mientras que en la teoría de estos autores los regímenes de emergencia surgen de una única disposición jurídica que suspende el estado de derecho, la legislación argentina carece de un instituto similar. Los estados de excepción en la Argentina dependieron de un conjunto de medidas articuladas (leyes y decretos), que incluyó el estado de sitio previsto en la Constitución.
El estado de excepción en la Argentina de estos años se desplegó en determinadas coyunturas -por ejemplo, 1958-1962, 1971-1973 y 1973-1976- por una acumulación de leyes y decretos de emergencia que habilitaron el uso de fuerzas militares para la represión, y no a partir de una disposición específica. Remarco lo que dije previamente: hay que evitar la asimilación automática de la experiencia histórica local a las definiciones elaboradas por Schmitt y Agamben.
En diferentes etapas, las autoridades políticas horadaron el orden constitucional y abrieron paso a la creación de un marco de excepcionalidad jurídica para la intervención en seguridad de las Fuerzas Armadas. Las distintas normativas de defensa elaboradas y aprobadas entre 1955 y 1976 formaron parte de ese proceso, y se colocaron en un lugar protagónico desde el momento en que la represión empezó a abordarse como una operación de “guerra antisubversiva”.

— Por último, una pregunta que atraviesa el libro: la doctrina antisubversiva francesa. Si bien vos marcas la necesidad de readaptar la doctrina militar con respecto a la Guerra Fría, también escribís que había una afinidad entre los militares argentinos y los franceses. ¿En qué contexto surge esa “amistad”? ¿Hay un porqué del abandono de la doctrina alemana -más allá de haber perdido la Segunda Guerra Mundial?
— Hacia mediados de los años cincuenta, el Ejército tenía una dificultad importante para enfrentar una potencial amenaza interna: carecía de una doctrina contrainsurgente, es decir, de una teoría y una práctica para la guerra interna. Hasta ese momento, sus intervenciones represivas se habían desarrollado en situaciones acotadas en el tiempo y el espacio. La preocupación en la doctrina del Ejército por el orden interno hasta ese momento se vinculaba solamente con los tiempos de guerra, y se limitaba a suprimir los disturbios que entorpecieran las operaciones militares en contra de un enemigo exterior. A causa de ello, no se había elaborado más que una serie de principios elementales para casos de “Alteración del Orden Público”. Existía una creciente preocupación por encontrar los medios teóricos y operativos para llenar el vacío del pensamiento castrense sobre la “guerra interna”. Esta trascendental modificación tendría lugar durante el final del gobierno de Aramburu (noviembre de 1955-mayo de 1958).
El abordaje antisubversivo se adoptó para enfrentar a los “comandos” de la “resistencia peronista”, que empezaron a operar durante los gobiernos dictatoriales de 1955-1958.  ¿Cuál fue la lógica que inspiró esta decisión? Como plantea Samuel Amaral, la represión de los grupos que recurren a la violencia política se sostiene en dos principios: es necesario construir una coalición política que logre limitarlos y aislarlos; además, se requiere de un conjunto de métodos técnicos que permita controlarlos y, eventualmente, suprimirlos. Debido a que las primeras se forman a partir de coyunturas variadas, es difícil extraer una regla general para resolver el problema político. No obstante, si el fenómeno que se busca eliminar tuviera similitudes con otras experiencias históricas, la respuesta técnica para organizar la acción represiva podría abrevar en algún conocimiento ya existente. El control del orden interno se convirtió en una preocupación política central del actor militar, conectada con el fracaso del proyecto de suprimir las diversas expresiones del peronismo, como afirma Catalina Smulovitz. El Ejército argentino adoptó los principios de la llamada “Doctrina de la Guerra Revolucionaria” francesa desarrollados mediante un vínculo con el Ejército galo que también creció por razones institucionales. El punto de partida fue la necesidad, con posterioridad a 1955, de readaptar la doctrina militar al contexto de la Guerra Fría, algo que comentaste y es fundamental. Es de lo que traté de hablar anteriormente en la respuesta a estas preguntas. El escenario eventual de una guerra atómica entre las grandes potencias determinó la búsqueda de un rol profesional más acorde con los recursos humanos y materiales disponibles: la represión y la función de guardián de las fronteras internas se presentaron como buenas opciones.
Profundizando en esta cuestión, podemos decir que los vínculos de una parte de la oficialidad local con sus pares franceses desde principios de la década del veinte eran estrechos. El abandono de la influencia alemana, acelerado por el derrocamiento de Juan Domingo Perón en septiembre de 1955, se aprovechó para favorecer el alineamiento con Francia. La colaboración establecida a fines de la década del cincuenta excedía la contrainsurgencia: también incluía la búsqueda de financiamiento para la compra de armamento. Un grupo de miembros del alto mando intentaba equilibrar así la influencia ejercida por los Estados Unidos. Desde el lado francés, esto resultaba conveniente ya que existía el interés por ingresar al mercado de armas argentino, dominado por la industria y las Fuerzas Armadas estadounidenses. Por lo tanto, aquí ya tenemos algunos otros elementos que explican el crecimiento notable de la influencia francesa en la Argentina, en detrimento de la influencia alemana, que hasta ese momento había sido predominante en el Ejército. Podemos sintetizarlo así: se pasó de pensar solamente en la guerra convencional a pensar también y cada vez más prioritariamente en la guerra no convencional, la guerra contra un “enemigo interno”, definido como la “subversión”. Es lo que he denominado la represión militar: la fusión de represión y guerra, de seguridad y defensa.