A once años de su implementación, una investigación de la UNAHUR indaga en el impacto de la Asignación Universal por Hijo en el rendimiento educativo de adolescentes de escuelas técnicas del Conurbano bonaerense.
Ana García Orsi
Pocas políticas públicas son tan extendidas y tan discutidas en la Argentina como la Asignación Universal por Hijo (AUH). De sus efectos se han dicho muchas cosas: que “se van por la canaleta del juego y de la droga”, que “estimulan la desocupación y la vagancia”, que promueven “el embarazo serial” en los sectores más pobres. Ninguna de estas afirmaciones cuenta con evidencia que la respalde. Sin embargo, la AUH sigue siendo un tema de debate doméstico y público. No es extraño entonces que en esa plataforma digital con un pie en esas dos dimensiones que llamamos Facebook exista un grupo con más de 80 mil miembros dirigido a consultar dudas sobre trámites y cobros de la AUH y que en ese muro puedan leerse preguntas, desvelos, pedidos de ayuda para completar algún formulario, temores y esperanzas de madres que perciben el programa, pero también polémicas viscerales. Algunos posteos son concretos y reciben una réplica eficaz y breve. Otros generan debates encendidos y acumulan centenares de comentarios. De tanto en tanto aparece en ese muro algún perfil anónimo que interviene en los comentarios para insultar a las madres que hacen alguna consulta (en una impecable muestra de la actividad conocida como trollear): “dejen de llorar, cómodas”, “agradezcan que les pagan”, “así es Argentina, mantiene vagos”, “es plata gratis”, “una vergüenza que les den esa plata” (tomado literalmente de algunos comentarios en ese grupo). Frente a la agresión, las madres que responden son lúcidas y tajantes: “es plata de los chicos, no nuestra” (…) “¿por qué hay que agradecer? El Estado ampara a los niños” (…) “todos los niños tienen el mismo derecho”, “sería injusto que no se tome a todos los niños por igual”, “es un derecho que le hacen valer a la madre con su hijo”.
La AUH es una transferencia mensual de un importe monetario por hijo/a menor de edad al adulto/a a cargo de ese niño/a o adolescente, siempre que esa familia no perciba un ingreso registrado que supere el salario mínimo. Para cobrar esa transferencia de dinero las madres, padres o tutores están obligados a vacunar a sus hijos, realizar controles médicos y garantizar que vayan a la escuela.
Quienes se oponen a este programa esgrimen dos argumentos principales: que iría en contra de la llamada “meritocracia” y que estimularía a las personas que la perciben a no buscar trabajo. Sin embargo, el impacto de este tipo de políticas públicas ha sido extensamente estudiado demostrando que la AUH ha colaborado en disminuir la pobreza y la desigualdad.
Pero ¿qué dicen las investigaciones puntualmente sobre estos dos argumentos en su contra?
¿Hay una relación entre percibir la AUH y por ello no “salir a buscar trabajo”? Sí, la hay, pero sólo en los menores de edad. Los estudios han probado que la AUH evita que niños y adolescentes abandonen la escuela para entrar al mercado informal de empleo. Que los niños y niñas estudien en vez de trabajar no es un hecho natural sino una consecuencia de determinadas políticas públicas que consagraron ese derecho gracias a luchas históricas que pusieron un freno a los manotazos visibles del mercado por atrapar mano de obra barata. No sin resistencia por parte de empresarios y debates sobre la supuesta inconveniencia de “ir en contra las leyes naturales del mercado” se aprobó en 1802 en Gran Bretaña la ley que limitaba las horas de trabajo de los niños aprendices a un máximo de 12 horas por día. Se calcula, a partir de registros de la época, que los niños recibían entre un 10 y un 20 por ciento de la paga de un varón adulto por el mismo trabajo.
Hoy en día la explotación laboral infantil sigue siendo una preocupación central para la Organización Internacional del Trabajo en todos los continentes –y especialmente en el caso más vulnerable de las niñas, a quienes la mano invisible del mercado arrastra a la explotación con fines sexuales. En la Argentina al menos 285 mil niños realizan hoy algún tipo de actividad económica para el mercado, según datos del Ministerio de Trabajo, UNICEF e INDEC. Aunque dramático, el número viene en descenso desde que se implementó la Asignación Universal por Hijo, entre otras políticas públicas de inclusión. Datos de la OIT y de la UCA advierten que en 2018 y 2019 este número se incrementó considerablemente: casi 2 de cada 10 niños entre 5 y 17 años realizan algún tipo de trabajo (doméstico intensivo o para un patrón) en la Argentina. No es sorprendente entonces que más de la mitad de los adolescentes que empiezan el colegio secundario no terminen sus estudios. Frente a este panorama trágico, las políticas de transferencias de ingresos y de inclusión educativa aparecen como herramientas centrales para quebrar el círculo de transmisión intergeneracional de la pobreza.
En esa dirección, un libro recientemente editado por la colección Ciencia Abierta de la editorial Libros de UNAHUR indaga la relación entre la dinámica de los procesos educativos y la Asignación Universal por Hijo. Se trata de Reducir desigualdades. El impacto de la Asignación Universal por Hijo sobre el desempeño educativo en las escuelas secundarias técnicas de los politólogos Carlos Freytes y Germán Lodola. Entre los propósitos de esta colección figura “el diálogo con los actores del territorio”. Los problemas, preocupaciones, expectativas, sueños e intereses de los vecinos del segundo cordón del conurbano bonaerense se convierten entonces en los temas de interés que apuntalan la agenda de investigación de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), institución de educación superior que viene trazando una senda de vanguardia en la actividad cultural y en los desarrollos de ciencia y técnica en la Argentina de los últimos años. Freytes y Lodola, los autores del libro, trabajan en la Universidad de Hurlingham y en la Universidad Di Tella. Junto con los investigadores Ismael Cassini, Sofía Vidotto y Marcelo Mangini realizaron un extenso trabajo de campo con el objetivo de analizar el rendimiento escolar objetivo y el desempeño educativo subjetivo de 400 estudiantes de quinto año de escuelas técnicas de Hurlingham, Ituzaingó, Moreno y San Miguel durante el año 2018.
El libro comunica resultados de esa investigación que estudia la relación entre condiciones para el aprendizaje en adolescentes de escuelas técnicas y las políticas públicas de inclusión de sectores vulnerables. Se centran en concreto en la Asignación Universal por Hijo para Protección Social que es parte de los Programas de Transferencia Condicionada de Ingresos desde el año 2009 cuando fue decretada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La investigación de Freytes y Godola ofrece resultados empíricos concluyentes que muestran que es falsa la idea de que planes sociales como la AUH irían en contra de la llamada “meritocracia”: los estudiantes que perciben el programa de AUH sacan mejores calificaciones en la escuela, tienen mejores registros de asistencia, repiten de año con mucha menos frecuencia y reportan una mayor dedicación al estudio respecto de la performance de quienes no perciben el programa. Como afirma Jaime Perzcyk, rector de la UNAHUR en el prólogo a Reducir desigualdades, programas como la AUH tienen “un componente igualitario o compensatorio de las inequidades educativas de origen que, en muchos casos, el propio funcionamiento del sistema reproduce”.
Los resultados de la investigación muestran que para que individualmente cada niño/a o adolescente pueda desarrollarse desde el punto de vista educativo y profesional es necesario que la comunidad garantice políticas públicas dirigidas a crear condiciones mínimas para que se produzca ese desarrollo. Este libro prueba, en el campo de la sociología estadística y la econometría, lo que es un concepto fundamental en las ciencias humanas después del siglo XX: no es que uno nace individuo y luego se integra a la sociedad, sino que uno es un individuo como consecuencia de la sociabilización. Es la comunidad la que individualiza a sus integrantes, la que les da un lugar como tales. La autonomía de esos individuos y las condiciones para que puedan desarrollarse forman parte de las tareas de una comunidad. Y los modos de organizar esa comunidad son aquello que conocemos como política.
